En medio de la crisis de seguridad que se vive a nivel nacional, distintas autoridades han planteado la idea de llegar a un “acuerdo nacional” para buscar soluciones concretas y urgentes. De hecho, hay quienes confían y aseguran que en ese tema es posible lograr un pacto de manera transversal entre los partidos políticos.

En medio de la crisis de seguridad que se vive a nivel nacional, distintas autoridades han planteado la idea de llegar a un “acuerdo nacional” para buscar soluciones concretas y urgentes. De hecho, hay quienes confían y aseguran que en ese tema es posible lograr un pacto de manera transversal entre los partidos políticos, como el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD), aunque también dijo que si no hay voluntad política se pueden poner a disposición medios del Congreso. Tras presentar su renuncia a la Cámara Baja -por el acuerdo administrativo que se llevó a cabo en marzo de este año- el parlamentario envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric: “Le pido por favor que recoja el guante y que convoque a un acuerdo nacional transversal, porque la crisis de seguridad pública es de tal gravedad que requiere ser enfrentada con una política de Estado de manera transversal, dejando atrás los gallitos y peleas políticas, y ofreciendo con sentido de urgencia soluciones para la crisis de migración irregular que está afectando nuestra convivencia nacional”. Días antes, y en la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a otras autoridades llamaron a crear un “pacto nacional de seguridad”, iniciativa que buscaría volver a plantear una plan con el fin de incidir en materia de seguridad. “El Estado necesita más herramientas, necesita un Ministerio de Seguridad Pública, necesita un sistema de Inteligencia, necesita policías fortalecidas, un nuevo tipo de estado de excepción, se requieren nuevas normas que regulen los procesos penales (…). Y también se requiere que los gobernadores regionales, que somos 16 en todo el país, tengamos un rol importante también en la lucha y prevención de la delincuencia”. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Insulza sostuvo que “lo que hemos conversado acá son fundamentalmente cosas que se pueden proponer en esa y otras direcciones para ver si realmente cuando se desarrolle la política nacional de seguridad completamente, cosa que yo creo que el Gobierno está empeñado en hacerlo y espero que eso ocurra, se tomen en consideración también la opinión de los parlamentarios de los gobiernos regionales de las distintas autoridades que no están siendo considerados efectivamente, porque pueden jugar un papel muy importante en la prevención”. En tanto, el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, manifestó que “necesitamos que haya un Gobierno que escuchando a todos y buscando acuerdos, para poder trabajar en conjunto, demos solución a lo que hoy día más tenemos en nuestras zonas, que vamos aumentando la cantidad de víctimas, que tenemos grados de impunidad que son muy duros, y en ese sentido es la línea que tenemos que trabajar”.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera- se presentó un acuerdo nacional por la seguridad pública para combatir la delincuencia y el narcotráfico. En ese entonces, el ex mandatario recibió 150 propuestas que reunió la mesa de trabajo compuesta por ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes y representantes de la sociedad civil, tras una labor de 90 días. Aquellas ideas quedaron más tarde plasmadas en un documento que destacaba cinco partes. La “modernización y fortalecimiento de las policías”, el “fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado”, la “fiscalización y control de las armas de fuego”, el “rol de los municipios en la Seguridad Pública”, y la “coordinación entre los actores del Sistema de Persecución Penal”. Este año, bajo la administración del Presidente Boric, se presentó un Plan Nacional de Seguridad Pública también con el fin de combatir la delincuencia. La iniciativa contempló más de 30 medidas, entre las que se encuentra el fortalecimiento de instituciones y gobernanza respecto a la seguridad pública y prevención, mejorar la información y robustecer el control de armas. el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que “desde que la vocera de la Corte Suprema advirtió que el estado de derecho estaba en jaque producto de las actuaciones del crimen organizado y el narcotráfico, nosotros hemos venido planteando la necesidad de un acuerdo nacional por la seguridad”. Asimismo, dijo que “hemos dicho que ya que la derecha no quiere llegar a un acuerdo durante el mes de octubre, que se pueden utilizar estos últimos días del mes para arribar en un acuerdo en esta materia tan trascendental para el desarrollo del país y la tranquilidad de las familias”. A su juicio, el acuerdo debería estructurarse sobre la base de dos ejes fundamentales. “Primero el plano legislativo respecto de qué proyectos que actualmente se están tramitando debieran tener urgencia legislativa (…) Asimismo, arribar a un acuerdo en qué proyectos debiera ingresar el Gobierno en materia de delincuencia y crimen organizado, y narcotráfico para dar paso a la agenda legislativa”, acotó.