A principios del año próximo debería aumentar la tarifa del transporte, pues su congelamiento por más de tres años, a juicio del Mandatario, “no es sostenible”. En Apruebo Dignidad se resisten -y así lo hicieron saber la semana pasada- argumentando que el contexto económico es muy duro y un alza como esta complicaría más a las familias que menos ingresos tienen. En la oposición hay varios miradas: mientras que algunos remarcan también el escenario inflacionario y piden alguna medida para contrarrestar el aumento, otros dicen directamente que esta decisión es la que corresponde. El senador de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Kusanovic, comenta a Emol que “en este caso me parece muy responsable de parte del Gobierno aplicar esta actualización de las tarifas, que debe ser, eso sí, en lo mínimo aceptable. El no realizarlo sería populismo y cantinfleo”. Esto a diferencia del presidente de RN, Francisco Chahuán, que señala que “lo que se requiere es ver como se logra conservar la tarifa o hacer un ajuste gradual, pero lo que no debiera ocurrir con un escenario de alta inflación (…) es aumentar 100 pesos de inmediato, porque va a producir un efecto negativo a los más vulnerables”. “El análisis técnico de todos los expertos es que mantener la tarifa del transporte público congelada es insostenible (…) Esa definición, de cuándo se subirá la tarifa para el 2023, la debe tomar el Gobierno antes de fin de año, y esperamos que sea en base a criterios técnicos – sociales y no políticos, de manera de dar continuidad al sistema de transporte público y evitar su colapso”, contesta el senador Enrique Van Rysselbherghe (UDI). El diputado Juan Irarrázaval (Republicano) coincide con el diagnóstico, pero dice que el alza “debe hacerse de forma regular, ordenada y de cara a la ciudadanía, porque hasta el día de hoy no tenemos claridad de cuánto sería ni cuándo se va a comenzar a aplicar. Por otro lado, es fundamental que haya un uso prudente de los recursos que van destinados al sistema RED, de manera que no se focalicen los fondos solo allí en desmedro de las zonas rurales de la RM o regiones”. El diputado Mauro González (RN), de la Comisión de Obras Públicas, que también ve estos temas en la Cámara, remarca que lo primero es conocer el plan del Gobierno para comenzar a descongelar las tarifas, ya que se había mencionado que debía ser “gradual”. “Sabíamos que mantener las tarifas fue una medida momentánea que se fue extendiendo debido a la pandemia y la crisis económica, pero siempre supimos que en algún momento se tendría que considerar un alza. Vamos a analizar que esto sea acorde a la realidad que está viviendo el país y la situación económica que están enfrentando las familias”, dice. La ex ministra de Transportes y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, defiende también que “si se sube la tarifa, no corresponde a ninguna situación pendiente de años anteriores. Es cierto que la tarifa estuvo congelada dos años, pero esos dos años terminó el sistema con superávit y 2021 se entregó con 1.409 millones a favor”. “Las alzas de tarifa tienen dos componentes: uno es un indexador que recoge los precios de los insumos y otro es el déficit del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan esas dos cosas es que el panel de expertos decreta una eventual alza y el Presidente mantiene la facultad de aplicarla o no, sujeto a que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a congelar tarifas”, explica.
A principios del año próximo debería aumentar la tarifa del transporte, pues su congelamiento por más de tres años, a juicio del Mandatario, “no es sostenible”. En Apruebo Dignidad se resisten -y así lo hicieron saber la semana pasada- argumentando que el contexto económico es muy duro y un alza como esta complicaría más a las familias que menos ingresos tienen.
